El aborto y el estatuto moral de la vida humana

Foto: Andrés Dean

El núcleo del problema del aborto voluntario (desde el punto de vista filosófico) es el estatuto moral del feto en el momento de la interrupción del embarazo. En Uruguay el aborto se permite hasta la duodécima semana de gestación. Un feto de 12 semanas es algo muy diferente a un óvulo fecundado, pero, a todos los efectos prácticos, la discusión moral se puede centrar en el estatuto moral de este último, porque la totalidad o la casi totalidad de los adversarios del aborto son concepcionistas. O sea: personas que sostienen que desde el momento mismo de la concepción hay un ser cuya vida es intrínsecamente valiosa y debe ser protegida. Dicho de otra manera: ninguna o casi ninguna de las personas que se oponen al aborto objeta el plazo (que sean 12 semanas u 8 o las que sean) durante el cual se permite la interrupción del embarazo. Los adversarios del aborto voluntario suelen considerarlo un crimen en cualquier estado de la gestación, desde el momento mismo en que el óvulo es fecundado.

Como el problema es complejo, la mayor parte de los partidarios de la despenalización del aborto simplemente lo eluden. Hablan de otras cosas. Eso no necesariamente está mal. En este blog, por ejemplo, Cristian Pérez ha ofrecido un buen argumento consecuencialista para defender la despenalización del aborto sin que ello suponga expedirse sobre la espinosa cuestión del estatuto moral de óvulo fecundado, del embrión o del feto hasta las 12 semanas.

La opinión personal de quien firma esta entrada es, sin embargo, que el tema no puede eludirse. Hay argumentos consecuencialistas que son buenos y hay otros que no, pero la cuestión del aborto pasará siempre por determinar si se está destruyendo o no una vida que tiene un valor intrínseco al interrumpir el embarazo.

Seguramente algún lector ya habrá perdido la paciencia con el autor de estas líneas y habrá exclamado: “¡Todas las vidas tienen un valor intrínseco! ¡Todas las vidas deben ser respetadas!”. Pero eso no es cierto. Seguramente muchos lectores de este blog coman habitualmente carne roja o blanca, carne de animales muertos, vida ella misma, en sus células y en sus tejidos —como es vida también la que hay en las células y en los tejidos que componen las hojas de lechuga o las rebanadas de tomate en la ensalada—, vida que será destruida por los ácidos estomacales y reducida a nutrientes fundamentales para nuestro organismo. También están vivos los organismos que matamos al tomar antibióticos o al desinfectar el baño. No toda vida, pues, tiene un valor intrínseco.

El lector, ya quizás indignado, podrá decir: “¡Pero se trata de vida humana!”. Sin embargo, esa no puede ser la diferencia. El principal argumento que circula en Uruguay a favor del concepcionismo dice que hay un ser humano en el momento mismo de la concepción porque el óvulo fecundado lleva una cadena de ADN humano y ese ADN es único y ciertamente distinto al de la madre. Un argumento de ese estilo está en la base del veto que el entonces presidente Tabaré Vázquez interpuso a los artículos de la ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2008 que legalizaban el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Escribió Vázquez en esa oportunidad: “La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios, como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano, dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser. Tanto es así que en los modernos sistemas jurídicos —incluido el nuestro— el ADN se ha transformado en la ‘prueba reina’ para determinar la identidad de las personas, independientemente de su edad, incluso en hipótesis de devastación, o sea cuando prácticamente ya no queda nada del ser humano, aun luego de mucho tiempo”. Pero la mera existencia de vida humana no es suficiente para dirimir el problema.

No toda acción por la cual se aniquila vida humana es moralmente repudiable. Las técnicas que el propio doctor Vázquez ha usado extensamente a lo largo de su muy exitosa carrera como médico oncólogo apuntan a la destrucción sistemática de vida humana: aquella que se reproduce descontroladamente en las células cancerígenas. Nadie considera que el doctor Vázquez haya hecho nada inmoral al destruir esa vida. Más bien al contrario. Porque al destruir esa vida humana el doctor Vázquez ha salvado seguramente a muchas personas y lo moralmente relevante es la vida de las personas, no la mera vida como tal, aunque sea humana. Todas las células de nuestro cuerpo poseen un cierto ADN que es único y personal, pero no por esa razón son ellas mismas, las células, seres humanos ni personas. No basta con asumir que la situación del óvulo fecundado es distinta: hay que argumentar por qué.

Desde luego que no sólo las personas gozan de un estatuto moral privilegiado. Mucha gente piensa que todos los seres que experimentan placer y dolor, sean o no seres humanos, sean o no personas, gozan de un estatuto moral privilegiado. Pero ese argumento no alcanza al óvulo fecundado, que obviamente es incapaz de sentir placer o dolor.

Otro argumento que circula entre los adversario del aborto en Uruguay es el que dice que el óvulo fecundado no es ya una persona (no es una persona en acto) pero sí una persona en potencia y que por lo tanto goza de todos sus derechos. Pero ese argumento tampoco se sostiene. Todos nosotros somos en potencia infinidad de cosas que no somos en acto. El autor de estas líneas, por ejemplo, es en potencia el novio de Karina Jelinek (sobre todo ahora que se separó de Fariña), pero eso no le da ninguna de las prerrogativas propias de esa posición. La objeción puede estar formulada en forma jocosa, pero debe ser tomada en serio: que un óvulo fecundado es una persona en potencia quiere decir precisamente que todavía no es una persona y ello implica que no goza aún de los derechos inherentes a la personalidad humana.

Se han usado otros argumentos en la literatura filosófica. Por ejemplo, el argumento del valor de la vida futura de Donald Marquis. En un famoso ensayo de 1989 (“Why Abortion is Immoral”) Marquis adujo que lo malo de matar (en general) es el hecho de que se priva a la víctima del disfrute de una vida futura. En principio la idea es convincente. Cuando muere un anciano, es frecuente oír que en su entorno alguien dice: “Vivió una buena vida” o “Vivió su vida”. Cuando muere un joven, en cambio, es inevitable pensar que tenía toda la vida por delante y que no pudo disfrutarla. Es evidente que Marquis acierta al identificar una de las cosas que consideramos malas de la muerte: el hecho de que nos priva de un futuro valioso, de una vida por vivir. El paso siguiente, como el lector ya se habrá imaginado, es afirmar que el óvulo fecundado (en caso de no ser abortado) tiene un futuro valioso, una vida por vivir que no le debería ser arrebatada.

La más famosa de las objeciones a Marquis se apoya en un argumento de la filósofa Mary Anne Warren. Una versión modificada y abreviada del mismo es la siguiente: imaginemos que vivimos en un futuro no tan lejano (Warren incorpora a su argumento una hipotética civilización alienígena) en que existen técnicas de clonación muy sofisticadas, baratas y completamente seguras. Cualquiera de las células de nuestro cuerpo podría ser convertida sin dificultad en un nuevo ser humano, en una nueva persona. Ello quiere decir que todas y cada una de las células de nuestro cuerpo tienen un futuro valioso, una vida por vivir, de la cual están siendo privadas en este mismo momento. ¿Tenemos la obligación moral de usar hasta la última de las células de nuestro cuerpo para engendrar nuevos seres humanos, so pena, en caso de no hacerlo, de privarlas de un futuro valioso, de una vida por vivir? La respuesta más razonable parece ser negativa.

Esto nos lleva directamente a una cuestión importante, con la cual se cierra esta entrada.

No todas las personas que se oponen al aborto en las sociedades contemporáneas lo hacen por motivos religiosos. Tener creencias sobrenaturales no es una condición necesaria para ser concepcionista, pero es un hecho que la mayoría de los concepcionistas las tienen. También es un hecho que la mayoría son cristianos. Los cristianos (católicos o no) ciertamente creen que la reproducción de la vida humana es intrínsecamente valiosa, porque los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios y comparten una chispa de la esencia divina. Es por ello que se oponen no sólo al aborto sino muchas veces también a la anticoncepción (en casi todos sus métodos y formas). Pero lo cierto es que la reproducción de la vida (aunque sea humana) no es algo intrínsecamente bueno. O al menos nadie ha proporcionado un argumento convincente en ese sentido. Una de las cosas que muestra el experimento mental de Warren es justamente eso: que la mera reproducción de la vida no es algo necesariamente bueno. Es malo, es moralmente repudiable, la destrucción de ciertas vidas, pero la mera reproducción de la vida (aunque sea humana) no es algo bueno por sí mismo.

La ley uruguaya que actualmente se encuentra vigente (así como la ley anterior cuyos artículos específicos sobre el aborto Vázquez vetó) fija un plazo muy razonable de 12 semanas para considerar legítima la interrupción del embarazo. Sostener que ya existe una persona humana con sus derechos inherentes desde el momento mismo de la concepción es una posición extrema en el debate. Las posiciones extremas, precisamente por su carácter de tales, deberían estar muy bien argumentadas. Ésta no lo está.

Es un hecho que el debate sobre el aborto involucra fuertes aspectos emocionales y que quizás los argumentos fríos de los filósofos no convenzan a nadie. El autor de estas líneas, sin embargo, consideró que debía exponerlos y espera al menos haber sido claro en la exposición.

Uruguay, sus competidores, y la carrera educativa

El comercio internacional es sobre todas las cosas, una competencia. La dotación doméstica de capital humano es un componente central de la competitividad de los bienes y servicios que exportan los países. El problema que planteo es simple: ¿qué hacen los países que compiten con las exportaciones Uruguayas en materia de inversión educativa?; ¿y de qué modo Uruguay ha reaccionado frente a la carrera en formación de capital humano?

El primer gráfico muestra el promedio de gasto educativo total que realizan los países que compiten con las exportaciones Uruguayas[1]. La línea solida es el gasto educativo que realizó Uruguay entre 1970 y 2008. Lo que ha sucedido es que durante casi tres décadas Uruguay ha invertido sistemáticamente menos en educación que sus competidores comerciales. Desde hace muy pocos años el país parece haber reaccionado frente a los incentivos de la carrera educativa (al menos en materia de gasto público).

Mientras tanto, nuestros principales competidores han seguido otro camino. Argentina, Paraguay y España invierten más en que sus competidores comerciales desde inicios de los noventa. Brasil, Nueva Zelanda y Australia son países que han ganado siempre esta carrera frente a sus respectivos competidores comerciales.

  

Es verdad que una parte importante de la capacidad de los países para exportar su producción es encontrar destinos abiertos al comercio, es decir buenos socios comerciales. Pero además de los socios están también los competidores y sus decisiones de política doméstica. Las naciones compiten entre sí cuando exportan los mismos productos a los mismos mercados de destino. La competencia genera una fuerte interdependencia entre las decisiones de los gobiernos. Por ejemplo, si un país "j" logra aumentar su dotación de capital humano también aumenta la productividad sus trabajadores y mejora su capacidad exportadora en el largo plazo. Ello redunda en consecuencias negativas sobre el desempeño exportador de las naciones que compiten con el país "j". Es de esperar que como resultado de lo anterior se desate una carrera educativa entre países con perfiles exportadores similares. Uruguay parece haber sido insensible a estos incentivos y ha desatendido las decisiones educativas de sus competidores comerciales durante mucho tiempo. La realización de las consecuencias de esta historia todavía está por venir.

[1] Hay múltiples formas de identificar competencia y los resultados son todos muy similares. Aquí utilizo la correlación entre los vectores de los perfiles exportadores de cada uno de los países del mundo con el perfil exportador de Uruguay. Esto es estándar en estudios de difusión en economía política. Pero ver también: Finger, M. and M. Kreinin (1979) “A Measure of ‘Export Similarity’ and Its Possible Uses,” Economic Journal, 89:905–912. Los perfiles exportadores se componen de 10 sectores (tipos de productos) y n destinos comerciales (todos los países existentes en cada año). Los países que tienen un perfil exportador más similar al de Uruguay son Argentina, Nueva Zelandia, Paraguay, Brazil, Australia, etc. Para calcular el gasto educativo de los competidores realizo un promedio de gasto ponderado por el nivel de competencia comercial vis-a-vis con Uruguay. Los datos de flujos de exportaciones son de UN-COMTRADE. Los datos de gasto en educación son del Banco Mundial.

CAMBIAR LA AGENDA: de la redistribución de ingresos a la redistribución de activos

Foto: Andrés Dean (Barrio Casavalle, Montevideo, feb. 2013)

Desde una perspectiva de izquierda, la búsqueda de una sociedad más igualitaria constituye uno los objetivos más importantes (sino el más importante) que deben perseguir las políticas públicas.

En este sentido los gobiernos del Frente Amplio han obtenido algunos logros destacables aunque, en algunos aspectos, limitados.

En un contexto caracterizado por un crecimiento ininterrumpido e inédito del PBI uruguayo en los últimos 10 años, se ha logrado reducir sustancialmente la incidencia de la pobreza y la indigencia en nuestro país. Desde un punto de partida en 2004, con una incidencia de la pobreza y de la indigencia de un 40% y un 4.7% respectivamente, se ha alcanzado en 2012 que dichos porcentajes llegasen a 12.4% y 0.5%. Durante los primero años del gobierno del FA la distribución del ingreso, medida a través del Índice de Gini, siguió aumentando. Recién a partir del año 2008 dicho índice comenzó a bajar, año a partir del cual se ha mantenido la tendencia descendente.

Los avances logrados, en la distribución del ingreso, se apoyaron en el despliegue de un conjunto de medidas. La Reforma Tributaria, la Reforma de la Salud y el Plan de Emergencia y su continuidad en le implementación de las Asignaciones Familiares no contributivas, constituyeron instrumentos centrales para explicar los mencionados avances. Sin embargo, estas medidas tienen un efecto muy limitado en el tiempo, ya que permiten reducir la desigualdad de ingresos en el período que se implementan. Pero el mantenimiento de dichas políticas no permite seguir reduciendo la desigualdad de ingresos. En este sentido, si bien es más difícil de evaluar, es probable que haya sido mayor el efecto de la reinstalación de los Consejos de Salarios. En el caso de estos últimos, sí es factible que tengan un efecto dinámico al cambiar el poder de negociación de los asalariados desde el momento de su reinstalación.

Ahora bien, ¿por qué considero que estos avances son bastante limitados? La respuesta está en que la enorme mayoría de los ingresos que perciben las personas surgen como retribución por los activos que dichas personas poseen. Dentro de dichos activos se destacan la tierra, las diferentes formas de capital y los niveles educativos de las personas. Las políticas mencionadas ayudaron a modificar las relaciones de poder entre las partes que negocian como se distribuyen los ingresos generados entre quienes poseen diferentes activos (Consejos de Salarios), pero sin modificar la distribución de dichos activos. O bien, redistribuyeron directamente dichos ingresos a través de la política tributaria y el gasto público.

Para lograr una reducción sustantiva y perdurable en la desigualdad, Uruguay debería avanzar y mucho en mejorar la distribución de dichos activos.

La concentración de la tierra en Uruguay muestra niveles moderadamente elevados si se la compara con América Latina, que es, a su vez, la región con la pero distribución de la tierra del mundo. Ahora bien, si se lo compara con los países desarrollados, los niveles de concentración de la propiedad de la tierra, resultan simplemente escandalosos. A esto hay que agregar que, según los datos del último censo agropecuario, dichos niveles de concentración habrían aumentado en los últimos años. La tortuosa implementación del ICIR y su reformulación a través del Impuesto al Patrimonio, no producirán por si solos una mejora importante en este tema. Aun resta conocer el impacto de la mayor participación en el mercado de tierras con fines redistributivos que ha tenido el Instituto Nacional de Colonización (INC) en los últimos años. Para cualquier gobierno de izquierda que pretenda avanzar sustantivamente en términos de igualdad, la reforma agraria debería reingresar en la agenda política.

La distribución de las distintas formas de capital es otro aspecto en el cuál un gobierno de izquierda debería proponerse avanzar. Sin embargo, hasta ahora las medidas implementadas por los gobiernos del FA han sido pocas. Las dos más destacables serían la ampliación de las opciones de financiamiento para la adquisición de vivienda y, más recientemente, la creación del Fondo para el Desarrollo (FONDES). Este último se financia con hasta un 30% de las utilidades del BROU, y tiene como uno de sus principales objetivos la promoción y financiamiento de las Cooperativas de Trabajadores o empresas autogestionadas. En la medida que una mayor presencia de Cooperativas de Trabajadores favorecería una mejor distribución del capital productivo, la ampliación del espacio que ocupan las cooperativas en la economía podría colaborar en este último aspecto. Estas dos medidas tal vez sean los dos avances más relevantes en materia de redistribución de la riqueza. El diseño de esquemas que permitan socializar el capital productivo de forma eficiente y ordenada en el contexto de una economía de mercado es un aspecto en el que debería avanzarse más.

Por último, y posiblemente lo más preocupante, sea la distribución de los niveles educativos de la población. La misma ha permanecido prácticamente estancada en los últimos años, mientras otros países latinoamericanos consiguen importantes avances en la materia. Los niveles educativos de las personas constituyen uno de los principales activos que poseen y su desigual distribución explica gran parte de la inequidad en la distribución de los salarios. Un objetivo central de la política pública debería ser aumentar los niveles educativos de la población y reducir la desigualdad de los mismos.

Las importantes reducciones en la desigualdad que han tenido varios países de la región, se han apoyado crucialmente en el aumento de los niveles educativos de la población. Y los malos desempeños que ha tenido Uruguay, en particular en cuanto al alto nivel de abandono de los estudios secundarios por parte de los jóvenes, cuestionan seriamente que se pueda avanzar en este tema. En 2009 el porcentaje de jóvenes de 20 años que habían terminado secundaria era de 33%, uno de los peores resultados a nivel latinoamericano.

Paradójicamente, este parece ser uno de los problemas sobre los que más se ha discutido y sobre el cual el gobierno parece estar más lejos de poder avanzar.

Lograr mejoras sustantivas y perdurables hacia una sociedad más igualitaria requeriría avanzar crucialmente en las tres áreas mencionadas. Sin lograr mejorar la distribución de los activos que permiten obtener ingresos, los avances obtenidos en materia de distribución del ingreso podrían verse rápidamente revertidos ante un cambio en el contexto político o macroeconómico.

Buscándole la vuelta a la gestión pública - el exitoso caso de Centros MEC

Centros MEC es un programa del Ministerio de Educación y Cultura, iniciado en 2007, que se propone promover la inclusión digital así como la producción y disfrute de bienes culturales en el interior del país. En particular, concentra su actividad en localidades de menos de 5.000 habitantes, es decir, lugares donde la oferta cultural ha sido en general escasa y muy homogénea.

Los Centros cuentan con computadoras con acceso a Internet  a partir de las cuales ofrecen talleres de alfabetización digital para adultos y otras actividades de promoción del uso de TICs. Además, organizan actividades culturales (talleres, toques, charlas, exposiciones), solos o en coordinación con otras instituciones locales.

Si bien el programa no ha pasado todavía la prueba más rigurosa de una evaluación de impacto, algunas cifras indican los buenos resultados alcanzados. Actualmente existen 113 centros MEC funcionando en el interior. Entre 2007 y 2011 sus talleres de alfabetización digital registraron más de 33.000 participaciones. Sólo en 2011 alrededor de 1.800 artistas y talleristas estuvieron involucrados en sus cursos, espectáculos y exposiciones. Y sus actividades culturales suman más de 730.000 asistencias en 5 años.

Para contextualizar estas cifras también es importante considerar el punto de partida: hasta 2005 las políticas de cultura promovidas por el MEC eran casi exclusivamente montevideanas. La actividad en el interior se limitaba generalmente a transferencias financieras a direcciones de cultura de las intendencias municipales o a organizaciones de la sociedad civil, discontinuas y sin criterios orientadores claros. De hecho, el ministerio nunca había tenido presencia estable en el interior en materia cultural.

Pero el atractivo de Centros MEC para quienes estamos interesados en la mejora de la gestión y las políticas públicas no sólo pasa por sus resultados, sino por el cómo los logró.

Primero, semejante despliegue, inusualmente rápido para los ritmos del Estado uruguayo, no es fruto de una inyección de fondos de organismos internacionales, como tantas otras experiencias (exitosas y desastrosas) de crecimiento acelerado. Centros MEC se financia, mayoritariamente y desde su inicio con fondos presupuestales.

Segundo, el programa hizo otra cosa inédita al menos para el Ministerio: se sostiene gracias a la participación permanente de ANTEL y de los gobiernos departamentales. En efecto, son las intendencias las que suministran los locales, se hacen cargo de los gastos de mantenimiento de los mismos y proveen algunos de los funcionarios que los atienden (animadores socio-culturales). Esto supone que la dirección de Centros MEC fue capaz de seducir / involucrar / alinear / negociar con todas las intendencias del interior (obviamente, también las no frentistas), alcanzando un elevado nivel de colaboración con sólo una o dos excepciones. Esto es todavía más llamativo teniendo en cuenta que CMEC no ofrece transferencias directas de dinero a las intendencias y en realidad maneja un presupuesto reducido para actividades en cada departamento. Por lo tanto, esa colaboración está basada fundamentalmente en el convencimiento acerca de los beneficios mutuos y/o la bondad del fin perseguido.

Tercero, CMEC desarrolló un modelo de gestión altamente descentralizado, también novedoso para el Ministerio. En efecto, quienes diseñaron el programa pensaron que sería un grave error salir al interior del país ofreciendo un menú de contenidos culturales definidos exclusivamente en la calle Reconquista. Era necesario promover la demanda desde el nivel local. También asumieron que los organizadores de las actividades debían estar allí, no sólo por cuestiones logísticas, sino para involucrar a referentes y actores clave de cada lugar. Para todo eso era necesario que los representantes de Centros MEC estuvieran instalados en los departamentos y tuvieran capacidad para tomar decisiones desde allí.

Por ello generaron una estructura con una Dirección en Montevideo, y binomios de Coordinadores Departamentales, con amplio margen para la toma de decisiones operativas, en cada departamento. La estructura se completa con los funcionarios y docentes de alfabetización digital instalados en cada localidad y que también colaboran con los coordinadores departamentales en la realización de actividades.

En cuanto al modelo de gestión, la delimitación de potestades y responsabilidades entre la dirección nacional y el nivel departamental se fue ajustando con la práctica. Actualmente, a  los Coordinadores Departamentales se les asigna un presupuesto para actividades culturales a principios de año, y se los responsabiliza por los resultados alcanzados, que son monitoreados desde la dirección. Entre otros efectos positivos, esa delegación llevó a que los Coordinadores administraran mejor los fondos a lo largo del año, y contraten más artistas emergentes o locales con el fin de mantener la frecuencia de actividades que se les exige.

La fórmula exitosa puede sintetizarse así: por un lado, la toma de decisiones y gestión operativa se descentralizó y dejó en manos de los mandos medios distribuidos en el territorio. Por otro, la dirección en Montevideo comunica constantemente cuáles son las prioridades políticas y la estrategia del programa, al tiempo que hace un control cuidadoso de los resultados obtenidos. En pocas palabras, dice qué resultados se pretenden lograr, y luego controla que se hayan alcanzado, aunque se “entromete poco” en el cómo se trabaja en cada departamento.

Pero la experiencia de Centros MEC también deja otras lecciones aprendidas. El actual régimen de contratación, remuneraciones y sanciones a los funcionarios (TOFUP - que rige para toda la Administración Central) complica bastante a quienes deben elegir y hacer responder por los resultados al personal. Al tiempo que los procedimientos administrativos extremadamente engorrosos y las reglas de manejo del dinero (compendiadas en el TOCAF) resultan extremadamente rígidas y obligan a trabajar “al filo de la legalidad”.

Si bien las conclusiones sobre el análisis del caso Centros MEC no se pueden extender linealmente al resto de la Administración Central, al menos reafirman la necesidad de seguir problematizando y mejorando tres conjuntos de reglas clave para la gestión pública: las regulaciones sobre manejo de recursos humanos, sobre recursos financieros y las de monitoreo y evaluación de resultados obtenidos.

Fuentes: Avance de investigación caso Centros MEC. Proyecto de investigación “Innovación en el sector público uruguayo: procesos y condicionantes”. Fernanda Solórzano, Diego Gonnet Ibarra, Lorena Alesina, Mauro Casa. ICP-FCS-UDelaR. Financiado por CSIC-UdelaR.

Las Tres I de la semana: Inseguridad, ineficiencia, injusticia.

El 13 de Abril coparon una casa en Carrasco. A pesar de la creciente ola de delitos en la zona, este hecho tuvo un efecto dominó. La victima llamó a la seccional 14 y el policía de turno le dijo que no podían ir a su casa porque no tenían móviles. “Si yo pudiera pagar el arreglo de los autos, lo haría”, agregó el funcionario. La señora terminó yendo en su propio auto a buscar al policía y a regresarlo a la comisaria para que tomara pruebas del siniestro. Según los policías, la falta de móviles se explica por el nuevo sistema de reparaciones de la flota a cargo de talleristas particulares – un sistema más lento que el anterior-. Luego de la denuncia del hecho, el Ministerio indagó el caso y dio cuenta que había un móvil en la zona pero que no había sido utilizado. Esto despertó denuncias por parte del Ministro del Interior, quien responsabilizó directamente a los jerarcas de la seccional de su ineficiencia y término separando de su cargo al comisario, subcomisario y oficial que había atendido la llamada. Diego Fernández, jefe de Policía de Montevideo, renunció este martes a su cargo para respaldar a los comisarios, entendiendo la medida como injustificada.

Si bien algunos oficiales entienden este episodio como una manifestación de la resistencia que han generado los recientes cambios de gestión implementados por el Ministerio del Interior, otros entienden la reacción del Ministerio como excesiva e injustificada. Lo cierto es que la percepción de delincuencia ha aumentado en la zona de Carrasco, los vecinos se sienten en “tierra de nadie” y que Uruguay ya cuenta con más guardias de seguridad privados que con policías (23924 respecto a 22600). En los últimos dos años, aumentó el número de guardias en un 25%, y entre 2005 y 2013 su salario se triplicó. 

¿Estamos llegando efectivamente a tener una tierra de nadie en la zona de Carrasco? ¿En qué medida estas separaciones de cargo se traducirán en mejoras para la atención ciudadana? ¿En qué medida este revuelo contribuirá a mayor seguridad? Las primeras respuestas no parecen muy alentadoras.