El comienzo de clases en las escuelas y liceos públicos

Cuando llega esta altura del año, es decir los últimos días de febrero y primeros de marzo, siempre nos encontramos con las mismas noticias en los diarios, radio y noticieros televisivos: “Faltan maestros cerca del inicio de cursos”¹, “Secundaria arrancará los cursos con falta de profesores”², “Maestros de Montevideo harán un paro el segundo día lectivo del año”³. Estos titulares podrían ser del 2013, del 2011, del 2008, del 2003 o cualquier otro año desde hace un buen tiempo. Siempre durante los últimos días del mes de febrero, unos pocos días antes del comienzo de cursos, los conflictos en la educación pública se hacen evidentes. Y los temas son los mismos: los edificios están en mal estado, no se pueden empezar las clases porque no hay condiciones edilicias seguras que lo permitan, las reformas que se planificaron realizar durante el receso escolar no están (ni estarán) terminadas el día previsto para comenzar las clases, hay escuelas y liceos que todavía no tienen su plantel docente ni administrativo definido, un porcentaje elevado de horas docentes no han sido asignadas, hay liceos sin directores, subdirectores, o personal de adscripción, y por supuesto, el reclamo salarial. También la medida de protesta es siempre la misma: el paro.

Frente a esta repetición de los mismos problemas, año tras año, es difícil no sentir una gran desolación. Siempre se dice que en Uruguay los problemas se solucionan lento, que todo pasa lento (no sólo la solución de las dificultades), pero la iteración anual de estos temas en la última semana de febrero excede ese ritmo “a la uruguaya”. ¿Cómo puede suceder siempre lo mismo? ¿No existe manera de salirse de esa repetición anual y sistemática de un problema? ¿No es posible planificar de forma distinta el trabajo en los centros de educación pública de este país? ¿De quién es la responsabilidad de que el inicio de clases no sea un proceso sencillo (o por lo menos no traumático) como es para la mayoría de las instituciones de enseñanza privada?

Las acusaciones entre los actores involucrados se cruzan. Desde el gobierno, las autoridades de la enseñanza, y en especial el presidente José Mujica, se critica a los sindicatos de la educación y se les pide “no dejar a los gurises en pelotas”⁴. Por otro lado, los gremios docentes, principalmente ADUS y ADEMU, se defienden planteando que la responsabilidad de no es de ellos sino de la ineficiencia del gobierno⁵. También los padres y estudiantes, aunque de forma menos intensa y organizada, reclaman por esta situación.

No todos los liceos y escuelas públicas presentan problemas de infraestructura, o les falta la definición de su director o plantel docente. Sin embargo, el problema no aparece limitado a algunos centros, sino que se generaliza a todas las escuelas y liceos de Montevideo a través de diversos mecanismos. Los gremios generalizan cuando convocan a un paro, la prensa generaliza cuando no especifica cuántos centros son los que no están listos para comenzar con los cursos, el Presidente generaliza el problema acusando a los gremios y no aclarando e informando a la población cuáles son los problemas y atrasos específicos. El problema con esta generalización es que termina perjudicando a más personas que las que efectivamente sufrirían el problema si se particularizara. Algo muy uruguayo: si hay algunos que no pueden empezar, que no empiece ninguno.

Lo increíble es la falta de reflejos para romper con esta iteración de problemas en el comienzo de cursos. Acá no estamos hablando de si el mecanismo de repetición es positivo o negativo, ni tampoco de las pruebas PISA y lo mal que le va a Uruguay en las mismas, ni de tantos otros temas educativos que son de más difícil solución y fueron tratados en otras notas de este mismo blog. La solución a estos problemas de febrero parece ser mucho más sencilla: llegar a marzo con los edificios donde se imparten clases en buen estado y con los directores y plantel docente definido. No parece tan difícil. Cientos de centros privados lo hacen de forma muy efectiva. Parece ser que un aspecto por el cual empezar debería ser mejorar la organización de las escuelas y liceos públicos⁶.

Tal vez alguno de los lectores de este blog haya visto Groundhog o El día de la marmota (como fue traducida en América Latina), una película donde el protagonista queda atrapado en el mismo día, el 2 de febrero, el día de la marmota, día tras día, y todo se repite de la misma manera. Después de tratar de suicidarse y no lograrlo, empieza a realizar modificaciones a su conducta y ayudar a las personas con las que cruza, logra mejorar su comportamiento hasta que se transforma en una persona muy querida en su comunidad, y después de declarar su amor a la protagonista se rompe el hechizo y finalmente se despierta el día siguiente, el 3 de febrero.

Menciono esta película no porque sea una obra de arte ni mucho menos, sino porque la desesperación que transmite el protagonista por vivir siempre el mismo día, siempre la misma secuencia de acontecimientos inalterada, me hace acordar a los problemas de la educación que aparecen en la agenda mediática la última semana de febrero, siempre los mismos, todos los años. Muchos de los contribuyentes de este blog, trabajan e investigan en temas de educación, son especialistas en la temática. No es mi caso. Por lo tanto, el objetivo de esta nota es simplemente plantear el problema y abrir el debate a contribuyentes y lectores. Ojalá que como el protagonista de El día de la marmota, se logre en algún momento romper con la iteración.

1 Titular de El País, 25 de febrero 2011.

2 Titular de El Observador, 28 de febrero 2013.

3 Titular de El Observador, 28 de febrero 2013.

4 Correo Socialista No. 77, 26 de febrero 2013.

5 “Antes de hostigar, el gobierno debería hacerse cargo de su inoperancia”, Titular de El Observador, 28 de febrero 2013.

6 Hace ya varios años, una investigación que realizamos junto con Pablo da Silveira, hacía énfasis en los aspectos organizativos de la educación pública como traba a su buen desempeño: “Änálisis organizacional: cómo funciona la educación pública en Uruguay” CERES, 1998. (http://www.ceres-uy.org/investigacion/estudios/006_analisis_organizacional.pdf)

Corte a la Corte *

El traslado de la jueza Mariana Mota, quien venía desarrollando la investigación judicial de unas 50 causas de delitos de derechos humanos cometidos durante la dictadura uruguaya, del ámbito penal al ámbito civil, ha provocado un gran revuelo y malestar en buena parte de la ciudadanía. En estos días hemos visto diversas manifestaciones cruzadas acerca de las responsabilidades, causas y posibilidades de reversión de este hecho. Quiero aportar una perspectiva distinta y es acerca de los peligros de perder la confianza en la Corte si sentimos que ésta pierde su independencia. Esa independencia debemos cuidarla todos, desde sus magistrados integrantes hasta el gobierno, pasando por los que protestan y exigen explicaciones legítimas y por la misma jueza. 

De los países de América Latina, Uruguay es uno de los que más confía en su sistema judicial, de acuerdo a datos recientes del Barómetro de las Américas 2012, quedando en quinto lugar entre  24 países encuestados sobre este tema (ver gráfica a la derecha). Además,  los uruguayos confiamos más en la Suprema Corte de Justicia que en muchas otras instituciones, incluso más que en el poder judicial en general (ver gráfica debajo). Por otra parte, según las medidas de los especialistas basadas en los procesos de nominación de jueces y en la duración de su mandato, entre otros indicadores, la uruguaya entra en el grupo de las cortes más independientes de América Latina.[1] Esa independencia es clave para la confianza en ella. Y ésta a su vez para la estabilidad de la democracia en general.

Este rol clave como contrapeso de la democracia está en jaque para la Corte uruguaya. Una jueza que tiene a su cargo casos de violaciones de derechos humanos contra militares participa de la “Marcha del Silencio” organizada por la organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dando pie a sospechas de falta de imparcialidad en sus fallos. (Aunque puede parecer un gesto menor, imaginemos por un momento que la jueza hubiera participado en el Día de los caídos en la lucha anti-subversiva en Uruguay). La Corte le abre en ese momento un expediente administrativo pero decide clausurarlo por unanimidad. Casi un año después de los hechos, le comunica su traslado al ámbito civil sin más explicación, generando sospechas de presiones externas y de un cambio ideológico entre sus integrantes (hay dos nuevos miembros).  

Ante esto surgen entonces varios interrogantes. ¿Por qué una corte que votó la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad ya en dos casos decide ahora trasladar a una jueza que defiende esas causas?  ¿Por qué unos magistrados mayoritariamente electos (4 de 5) durante los dos gobiernos del Frente Amplio se tornan ahora en contra de una causa que este partido ha defendido como una de sus principales banderas? ¿Estamos en presencia de un conflicto entre la Corte y el Ejecutivo en el que se enmarcan tanto este traslado como la declaración de inconstitucionalidad del impuesto a la propiedad rural que quería el Presidente Mujica? ¿Estamos ante una corte que cede ante el poder militar? ¿Y entonces por qué no lo hizo en las decisiones anteriores? ¿O estamos más bien ante un conflicto más complejo entre facciones del partido de gobierno respecto a este tema? Esta última es la hipótesis del pacto de caballeros entre excombatientes, que ha circulado en los medios alternativos y se sustenta en fricciones entre el accionar de la jueza Mota y el ministro de Defensa, ex guerrillero tupamaro, así como en la voluntad reiterada del presidente Mujica, también ex guerrillero tupamaro, de no tener a “viejos” en la cárcel.  

No tenemos la respuesta. Pero lo que sí sabemos es que este tipo de cuestionamientos y sospechas de parcialidad ensucian la imagen de la Corte y por lo tanto ponen en peligro la lucha por los derechos humanos durante la dictadura, algo que en Uruguay, como en otros países, se ha logrado hacer por la vía judicial y no por la vía política. El precio de la independencia judicial incluye convivir con fallos que no nos gustan.  El reto está en mantener la delgada línea entre discutir legítimamente un fallo y cuestionar institucionalmente a la Corte.

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 * No soy para nada experta en estos temas pero  creo que esta semana el blog tenía que animarse a poner algo sobre la mesa en el encendido debate en torno a este caso. Agradezco a Rosario Queirolo, Cristian Pérez y Juan Carlos Rodriguez Raga por ayudarme a ordenar las ideas y pensar esta nota. 

[1] Julio Ríos-Figueroa. 2011. “Institutions for Constitutional Justice in Latin America”, in Ríos Figueroa and Helmke (eds.). Courts in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.

La UTEC como desafio y oportunidad

La creación de la Universidad Tecnológica de Uruguay (UTEC) es sin duda una de las apuestas educativas más importantes que se han hecho en el país. Por tanto, su diseño y ejecución carga con una dosis importante de expectativas, incertidumbres y miedos. En esta nota enumero algunas preguntas cuyas potenciales respuestas serán importantes a la hora de diseñar y poner en marcha la UTEC. Algunos de estos interrogantes han circulado en el debate con diferente énfasis.¹ Las preguntas refieren a los siguientes puntos: (1) su misión (2) su gobierno y administración, (3) su relacionamiento con la UDELAR, (4) su financiación. La conclusión de esta nota no es novedosa y puede ser adelantada de ya: la UTEC puede transformarse o bien en un proyecto educativo revolucionario para el país o puede terminar siendo un fracaso más en la larga lista de intentos por remodelar nuestro sistema educativo.

Universidades tecnológicas

Mucho se ha dicho de la necesidad de que la nueva universidad tenga un énfasis especialmente de ciencias aplicadas. Si bien el perfil del egresado de la UTEC no está aun definido, recurrentemente se maneja la idea de que la UTEC formará profesionales para solucionar problemas tecnológicos concretos en diferentes áreas productivas del país. En este punto, los comentarios iniciales de los tres miembros del Consejo Directivo Provisorio de la UTEC, –María Antonia Grompone, Rodolfo Silveira y Pablo Chilibroste– muestran algunas diferencias.² Por ejemplo, la visión de Grompone es que el egresado de la UTEC tendrá “un perfil de aplicación directa de los conocimientos, no es una formación general, no es una formación de escritorio y laboratorio, es una formación para salir al trabajo. De un modo similar, Rodolfo Silveira cree que “una currícula muy enciclopedista puede estar bien y hay gente a la quel e interesa eso, pero lleva mucho tiempo y hay gente que necesita trabajar”. Así, de acuerdo a Silveira, la UTEC debe tener un perfil complementario a la UDELAR, un perfil para capacitar gente que pueda responder a la demanda laboral del país. Chilibroste, en cambio, dejó a entrever otras posibilidades. Por ejemplo, sostuvo en una reciente entrevista que seria equivocado diseñar una universidad que se limitara a las demandas presentes del sector productivo o que simplemente se transforme en una suerte de UTU adaptada al tercer nivel educativo.

Ahora bien, muchas de las universidades tecnológicas en el mundo tienen un perfil de egresado bastante diferente al vislumbrado por Grompone y Silveira. Eso nos lleva a preguntarnos sobre qué modelos de instituto tecnológicos pueden ser considerados como posibles ejemplos a seguir. Por ejemplo, varias universidades tecnológicas en el mundo no sólo ofrecen carreras de investigación en ciencias duras sino que además incorporan otras áreas (ciencias sociales, humanidades, comunicación, políticas públicas, etc.). Por citar solo algunos casos, los institutos tecnológico en México (Monterrey, Politécnico Nacional, ITAM), o Estados Unidos (Caltech, M.I.T, Virginia Tech, Georgia Tech), la Universidad Tecnológica Centroamericana (Honduras), el Institute of Techology (Unitec, Nueva Zelanda), la University of Technology Sydney (Australia) o el Tecnologico de Costa Rica (TEC) ofrecen licenciaturas y cursos de posgrados en todas esas otras áreas del conocimiento. Si bien, estas instituciones tienen una oferta de diplomas y cursos de corta duración (generalmente de dos años), su fuerte está en la formación en cursos de licenciatura, maestria y doctorado. Otras universidades tecnólogicas se focalizan en brindar estudios terciarios exclusivamente técnicos e ingenieriles. Ese es el caso, por ejemplo, de Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Argentina, la Universidad Tecnológica de Panamá o la Universidade Tecnologica Federal do Paraná (Brasil).

¿Será la UTEC mas parecida a una Universidad tecnológica de las que abundan en el mundo o será una UTU mejorada y reforzada? Si la última opción es la definitiva, es decir, si la misión consistirá en brindar carreras que sirvan para incorporar gente rápidamente al mercado laboral (al mejor estilo de los community colleges de Estados Unidos), eso supondría dejar de lado el proyecto de crear una institución de investigación avanzada en ciencias aplicadas. Hay justificaciones³ para tomar un camino u otro. Pero es importante tener bien claro que ambas opciones son bien diferentes.

Por decir solo un tema que se deriva de ese tipo de elección, ¿se va a buscar contratar a docentes en base a criterios estándar de excelencia académica (nivel de formación, volumen y calidad de investigación y publicaciones, etc.)? Si esa es la opción, ¿se tiene pensado crear una escala de sueldos e incentivos que atraiga investigadores uruguayos y extranjeros al Uruguay?

Gobierno y administración

La definición gubernativa de una universidad es clave. Las universidades precisan mecanismos que les permitan tomar decisiones rápidas y efectivas. Ríos de tinta se han escrito sobre los problemas del modelo de Cogobierno utilizado por la UDELAR. Por ello no voy a entrar en esta discusión aquí. Simplemente planteo nuevamente tres preguntas ya instalada en el debate: (1) si la opción es seguir el modelo de cogobierno, ¿cómo tienen pensado aminorar los problemas generalmente atribuidos a ese tipo de arreglo (e.g. ineficiencia y lentitud para tomar decisiones)? (2) ¿Por qué se descarta de plano las opciones de organización y gobierno utilizada por la mayoría de las universidades del mundo? (3) ¿Qué nos hace tan especiales para renegar de esos otros modelos exitosos para seguir apostando por un modelo de gobierno universitario que no esta dando buenos resultados? Las informaciones sobre este punto son poco claras al punto que ha trascendido la idea de que Intendentes y empresarios, podrían ocupar cargos gubernativos en la UTEC.

Relacionamiento con UDELAR

Algo que parece claro hasta el momento es que la relación entre UTEC y UDELAR será “compañera” y “complementaria”. Cooperación en infraestructura, docentes, investigación y demás. De hecho, en palabras del decano de Agronomía de UDELAR, si la UTEC nace “como un competidor es una declaración de guerra". La guerra seria desatada, naturalmente, porque la UTEC necesitaría de recursos que hoy dispone la UDELAR, desde personal docente y de investigación, hasta parte de su presupuesto. Pero no queda claro cómo esta relación de cooperación puede no dejar de transformarse en una relación de dependencia y por ende de falta de autonomía. ¿Qué puede dar a cambio  la UTEC  por la cooperación de la UDELAR en un corto y mediano plazo? Claramente dos instituciones pueden cooperar y coordinar para afrontar algunos temas (e.g. proyectos de investigación, enseñanza de algún curso determinado). Sin embargo, parece problemático que ambas instituciones - entre otras cosas- compartan docentes, no compitan por fondos concursables ni por alumnado. Una crítica común a la UDELAR es que es prácticamente monopólica de fondos públicos destinados a la educación terciaria. Si la relación entre ambas está pautada desde un inicio como de pura cooperación, ¿no se corre el riesgo de retroalimentar esos problemas? 

Financiación

La UTEC será fundamentalmente financiada por fondos públicos. Se ha discutido poco y nada la posibilidad de contar con otras fuentes de financiación. Un tema que siempre está en el debate sobre el funcionamiento de UDELAR es la opción de cobrar matricula al alumnado. Se sabe, por ejemplo, que quienes son educados por la UDELAR no provienen precisamente de los sectores más desaventajados de la sociedad. Y los pocos que lo hacen, generalmente obtienen ayudas del Fondo de Solidaridad. ¿Podría la UTEC implementar un sistema de matriculas de bajo costo y que exonere parcial o totalmente a aquellos alumnos de bajos recursos (por ejemplo aquellos identificados por el Fondo de Solidaridad)?

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Estas son sólo algunas preguntas para un debate y un proceso que recién está tomando forma. Los próximos meses serán claves para determinar si la UTEC será la primera reforma importante a nuestro desmejorado sistema educativo.

1Ver por ejemplo: La Diaria (2012) “Autonomías”, 14/11/2012 http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/11/autonomias/#; Portal 180 (2012) ""Esperanza y preocupación" en torno a la Universidad Tecnológica. Entrevista a Rodrigo Arocena", 22/12/2012,http://www.180.com.uy/articulo/30641_Esperanza-y-preocupacion-en-torno-a-la-Universidad-Tecnologica; Da Silveira, Pablo (2013) “Cáscaras”, Diario el País, 22/01/2013 http://historico.elpais.com.uy/13/01/22/predit_690184.asp ; Da Silveira, Pablo (2012) "No repetir errores", Diario el Pais, 27/11/2012 http://historico.elpais.com.uy/12/11/27/predit_678110.as

2 La formación del egresado de UTEC, dice Grompone, debe permitirle efectuar trabajo creativo “..porque esto es una universidad, no es una escuela secundaria. De modo que el profesional debe estar formado para resolver problemas en su medio y para hacer investigación en su medio”. Y esa idea la ilustró con el siguiente ejemplo: “si hablamos de lácteos, existe la Escuela de Lechería en Colonia, donde se estudia todo lo que tiene que ver con la leche, la vaca, el tambo, la pasteurización, etcétera. Pero el Uruguay es un gran productor y exportador de quesos, y no hay un lugar donde se enseñe y se aprenda la tecnología a nivel científico, tecnológico, de lo que es la quesería, ni lugares específicos donde se haga investigación en quesería”. Chilibroste, en cambio, propone otra potencial mirada del asunto: “No es lo mismo crear institutos tecnológicos regionales que montar campus universitarios. En el primer caso pensaríamos en una determinada cadena productiva y pondríamos el énfasis allí; en el otro caso apostaríamos más a la inter y multidisciplina, apuntalando áreas del conocimiento o herramientas novedosas y transversales. Entonces, por un lado tenés los cortes por cadena productiva, que puede ser la orientación sobre todo en una primera etapa de la Utec, como pasa hoy con algunos tecnólogos de la utu y la Udelar... Ese puede ser un corte, pero yo creo que no nos tenemos que quedar allí, que tenemos que hacer también un trabajo de prospectiva, de mirar hacia adelante y mirar al mundo. Pensando en eso me atrae mucho la idea de campus universitarios con fortalezas en determinadas áreas, como la bioingeniería, la biotecnología, los cruces entre tecnología y arte, que van a ser fundamentales y que habría que desarrollar y luego ver cómo se aterrizan en aplicaciones específicas”.

3Ver por ejemplo las reflexiones de Jorge Grumberg en el Diario el País: “Nueva Universidad”http://historico.elpais.com.uy/12/12/09/predit_680705.asp

Afrodescendientes y democracia: una nota que no habla de Tania Ramírez ni sobre “trabajar como un negro”

La agresión a Tania Ramírez fue un ataque racial? ¿Se justifica hacer una “marcha de las motas” por eso? ¿Para qué pedirle a la Real Academia Española que elimine la expresión “trabajar como un negro” de su diccionario? Si se siente ligeramente harto de discutir sobre estas temas, no está solo. La sobreexposición de estos asuntos en los medios de comunicación y en las redes sociales, unida a un progresivo deterioro de la calidad del debate público, ha llevado al ciudadano común a restarles la importancia y seriedad que merecen. Un columnista afirma que estamos frente a un auge de reivindicación extremo, que cae en lo que denomina “falacia de las minorías” [1]. Otra columna sugiere que las movilizaciones en torno a estos temas son gestos sin sustancia, cuyo objetivo es sensibilizar a la población, pero en su intento, los terminan trivializando [2]. Y en lo básico, coincide con otro comentarista, que subraya la frivolidad con la que los uruguayos debatimos públicamente estos asuntos [3]. Sería bueno enfocar desde otra perspectiva el debate que tenemos entre manos, que sustantivamente tiene que ver con la situación de una minoría racial en un país  democrático. Pero antes, déjeme contarle en grandes rasgos cómo es la vida de una persona afrodescendiente en Uruguay.

Vivir como un negro en la sociedad uruguaya [4]

Si a usted le dieran la posibilidad de elegir a qué raza pertenecer sabiendo que va a nacer en Uruguay, la opción “afrodescendiente” no parece la más redituable. Para empezar, usted tendría el doble de chances de nacer en un hogar pobre y contaría con una esperanza de vida menor que una persona no afrodescendiente. Hasta los 14 años, su nivel educativo será posiblemente similar al del resto de las personas de su edad, pero cuando llegue a los 18 años, tendrá un 50% menos chances de estar asistiendo a un establecimiento educativo. Le espera una inserción temprana en el mundo laboral: lo más probable es que consiga trabajo en los puestos peor remunerados del mercado y, aun considerando que usted tenga las mismas responsabilidades que una persona no afrodescendiente, en comparación, su remuneración promedio va a ser probablemente más baja. Y por desgracia, esta historia no parece tener un final feliz: sólo un 50% de los afrodescendientes que trabajan cuentan con cobertura jubilatoria, razón por la cual, es probable que usted deba permanecer activo en el mercado hasta una edad avanzada. En otras palabras, trabajará más tiempo en su vida en comparación a un no afrodescendiente.

La calidad de la democracia uruguaya para un afrodescendiente

El apartado anterior no ofrece un panorama auspicioso sobre la vida social de los afrodescendientes en Uruguay. Pero, ¿qué sucede con su vida política? ¿Cómo se experimenta la calidad de la democracia uruguaya desde la perspectiva de un afrodescendiente?  Repasemos brevemente algunas de sus principales dimensiones: en términos cuantitativos, la participación política (más allá de las elecciones) de las organizaciones afrodescendientes es mínima, y por lo tanto, la posibilidad de exigir cuentas a los funcionarios públicos es débil. La participación va de la mano de la representación, y en este punto sabemos que la cantidad de afrodescendientes en puestos de liderazgo político es prácticamente nula. Por otra parte, los bajos niveles educativos de la población afrodescendiente implican una participación política de menor calidad, en el entendido de que a menor educación, menor será la posibilidad de tomar decisiones políticamente informadas. 

¿Qué le ofrece entonces, la democracia uruguaya a los afrodescendientes hoy en día? Les ofrece eso que  ha hartado a muchos uruguayos: la posibilidad de ejercer lo que algunos autores denominan “social accountability” o "responsabilidad social" [5]. Este derecho, cuyo fundamento es el principio de petición - y por lo tanto no requiere el apoyo de una mayoría -, les permite organizarse y hacer relevantes sus inquietudes, colocar nuevos temas en la agenda política como la corrección de la expresión “trabajar como un negro”, presionar por soluciones a problemas específicos y organizar movilizaciones como “la marcha de las motas”.  Ya no estamos en los tiempos en se manejaba como un secreto a voces que cierto establecimiento le negaba el acceso a un negro, pero nadie hacía nada al respecto. Más allá del caso puntual de Tania Ramírez, y dejando de lado las diferencias de opinión que podamos tener respecto al contenido de las consignas propuestas por el movimiento afrodescendiente, debe reconocerse que esta posibilidad de ejercer la “responsabilidad social” es de los pocos elementos que tiene este grupo de ciudadanos para incidir en la dura realidad social y política que les toca experimentar cotidianamente. En una sociedad que no se reconoce a sí misma como racista, pero donde la discriminación racial es real y opera de forma sutil, se debería celebrar (y no trivializar) esta mínima contribución a la calidad de la democracia, de la que todos los uruguayos nos beneficiamos.

Referencias

[1] Véase nota de Horacio Bernardo, "Trabajar como un negro": http://www.brecha.com.uy/index.php/politica-uruguaya/1287-trabajar-como-un-negro

[2] Véase columna de Soledad Platero, "Racistas y fiesteros": http://www.uypress.net/uc_37045_1.html

[3] Véase blog de Álvaro Ahunchain, "Mirando golpear a Tania": http://blogs.montevideo.com.uy/blognoticia_60943_1.html

[4] Los datos empleados en esta sección se basan en tres fuentes: (1) Bucheli, M. y Cabella, W. (2007) Perfil demográfico y socioeconómico de la población uruguaya según su ascendencia racial. INE. Disponible en: http://www.ine.gub.uy/enha2006/Informe%20final%20raza.pdf; (2) Bucheli, M. y Porsecanski, R (2008) Racial Inequality in the Uruguayan Labor Market: An analysis of wage differentials between Afrodescendants and whites. DECON – UdelaR. Disponible en: http://decon.edu.uy/publica/2008/1508.pdf y (3) InMujeres (2010) La población afrodescendiente en Uruguay desde una perspectiva de género. MIDES. Disponible en: http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/18530/1/cuaderno1.pdf

[5] Smulovitz, C y Peruzzoti, E. (2000) Societal Accountability in Latin America. Journal of Democracy, vol.11, 4:147-158.