Feliz 2013


Esta es la última entrada del segundo año de Razones y Personas. En 2012 publicamos 48 notas de forma ininterrumpida desde febrero a diciembre. Gracias a todos y a todas quienes pasaron por acá leyendo y comentando. En el mes de febrero retornaremos con el rítmo habitual de una nota semanal cada jueves. Mientras tanto los invitamos a releer y comentar las notas del 2012. Les deseamos un muy buen 2013.

Productividad, innovación, remuneraciones y el maldito mediano plazo


¿Es tiempo de levantar la mirada? El Uruguay del 2012 es muy diferente al del 2006. En estos últimos 6 años hemos tenido tasas de crecimiento económico por encima de nuestro promedio histórico y las estimaciones para 2013 siguen siendo auspiciosas (1). La recuperación salarial ha sido muy exitosa tanto por los niveles alcanzados cuanto por no haber afectado los niveles de empleo (hasta estos últimos meses), haberse dado paralelamente con una mejora en la tasa de informalidad y las condiciones generales de empleo. A un par de semanas del 2013, parece importante poner el énfasis en el mediano y largo plazo. Estamos entrando en una segunda etapa y de ser así debiéramos cambiar la perspectiva desde una lógica de “recuperación” a otra de “sostenibilidad” de mediano y largo plazo. Esta segunda lógica es necesariamente gradual, paciente y presenta mayores desafíos en términos de la transformación de nuestra estructura productiva. Tenemos la no fácil tarea de transformar el crecimiento en desarrollo sostenible (o dicho de otro modo, no volver a perder esa oportunidad).   

Los sistemas que centralizan la negociación salarial a nivel de rama, sector o incluso más arriba, funcionan bajo una lógica de concertación en que se acuerdan estrategias de competitividad de mediano plazo entre empresarios y trabajadores, así como al interior de ambos grupos. Esto no significa que desaparezca la conflictividad, pero sí que deba reducirse al mínimo la lucha cortoplacista por márgenes de ganancia de las partes. En otras palabras, lograr diferir en el tiempo parte de la gratificación para hacerla sostenible. Al menos la evidencia internacional sugiere que aquellos países exitosos en mantener un sistema de negociación salarial similar al nuestro han experimentado una baja significativa y sostenida en los niveles de conflictividad luego de un primer período de estabilización del sistema y el convencimiento de las partes que este es el “único juego posible en el pueblo” (2).

Los sistemas de negociación salarial centralizados son sostenibles, en el mediano plazo, cuando los sistemas productivos logran competir por calidad más que por precio en nichos de alta especialización (3). En términos gruesos, cuando logran sustituir el tipo de cambio por la innovación como estrategia para lograr mejoras productivas. En un país como Uruguay, que tiene grandes problemas de calificación y retención de mano de obra y un sistema productivo no especializado; los salarios así como las rentas empresariales debieran permanecer fuertemente asociadas, en el mediano plazo, a los niveles de productividad sectoriales. En otras palabras, una vez que hemos pasado la etapa de recuperación salarial, es importante comprender que entramos en una etapa en que el gradualismo y la paciencia son nuestros mejores aliados. Sin una progresiva especialización productiva que motive un incremento de la calificación general del trabajo es difícil transitar el camino de la concertación de mediano y largo plazo.

Nos enfrentamos a un tiempo en que debemos actuar con madurez, paciencia y confianza en lograr mayores niveles de productividad, especialización productiva y la concertación de mediano plazo entre las partes. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, y ahí están los principales desafíos que enfrentamos como país –en mi opinión— de cara al objetivo de alcanzar mayores niveles de desarrollo con mayores niveles de equidad.

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  1. CEPAL http://www.elpais.com.uy/121211/ultmo-681212/ultimomomento/cepal-proyecta-un-crecimiento-para-uruguay-de-4-en-2013
  2. Ver el caso de Suecia, Dinamarca, Noruega y Bélgica en G. Ingham. Strikes and Industrial conflict.
  3. Hall, P. y Soskice, D. 2001. Varieties of Capitalism. Oxford university Press, entre otros.
  4. Como Oddone señala en una nota publicada en el Observador -“Tres buenas preguntas sobre la inflación”- el argumento sobre la importancia de la paciencia y el gradualismo se aplica a otros aspectos económicos relacionados al mismo problema de la sostenibilidad del modelo: http://www.elobservador.com.uy/noticia/238834/tres-buenas-preguntas-sobre-inflacion/

Matrimonio igualitario en Uruguay: logro para algunos, para muchos, para todos



“Un momento histórico para los homosexuales uruguayos” titulaba “Espectador.com” el pasado martes  a propósito de la aprobación en Diputados del proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario.[1] Y aunque todavía falta la aprobación en el Senado, todo indica que la nueva norma verá la luz sin inconvenientes.
El título me dejó pensando. Las declaraciones de varios activistas pro-derechos de los homosexuales coincidían con el titular. Sin embargo, la aprobación de esta ley satisface a muchos más que a aquellos que se beneficiarán directamente con ella o a quienes estaban férreamente comprometidos con la causa.  Al menos así lo sugieren los datos de opinión pública.

Uruguay es el segundo país en todo el hemisferio con el mayor apoyo al matrimonio homosexual, apenas una décima por debajo de Canadá (67,1 y 67,2, respectivamente).
Argentina, el tercer país con mayor nivel de apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, está más de 10 puntos abajo (55,4).  Así  lo indican los datos del Barómetro de las Américas 2012, que consultó a ciudadanos de todas las Américas ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que las parejas del mismo sexo puedan tener el derecho a casarse?”  El Gráfico 1 muestra los promedios para cada país, expresados en una escala de 0 a 100, en la que 0 indica “desaprueba firmemente”  y 100 “aprueba firmemente”.[2]

 En Uruguay, quienes más favorablemente ven el matrimonio entre los homosexuales son los más jóvenes, los más educados, las mujeres, y los que se ubican algo más a la izquierda en el espectro ideológico.[3] 

A pesar de estos matices, el apoyo está muy extendido: el 48,1% de los consultados en Uruguay indicó que “aprobaba firmemente” el matrimonio homosexual, mientras que menos de la mitad, 20,4%, se ubicó en las antípodas, desaprobando firmemente (el Gráfico 2 muestra la distribución de preferencias en torno a la aprobación del derecho de los homosexuales a contraer matrimonio, expresadas ahora en la escala original de 1 a 10 que se utilizó para consultar a los encuestados.  Este gráfico muestra el porcentaje de respuestas correspondiente a cada una de las categorías[4]). 
Según estos datos, entonces, y a diferencia de lo que sucede con otros temas controversiales –como la despenalización del aborto, por ejemplo-  no se encuentra una opinión pública dividida o polarizada, sino una claramente inclinada por la legislación que todo indica pronto entrará en vigencia. En mi opinión, esto sugiere que el titular antes mencionado se queda corto. De concretarse la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, se tratará de un logro histórico para los homosexuales y activistas pro-derechos de las minorías sexuales, pero también será un logro para la mayoría de los uruguayos, que consideran que se debe conceder tal derecho. Y, en la medida en que la aprobación de esta ley alinea el accionar de los representantes con las preferencias de sus representados, contribuye a mejorar al menos una de las dimensiones de la calidad de la representación política, lo que constituye un activo para el sistema político en su conjunto. Y eso puede ser visto como un logro para todos (incluso para aquellos que se oponen a la medida).  
En otro plano (moral y/o jurídico, según se lo mire) también hay otro logro que puede considerarse que es para todos los uruguayos: con la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario se estará dando cumplimiento al mandato constitucional de igualdad ante la ley sin otra distinción que la de los talentos o las virtudes.


[2] Estos y otros datos del Barómetro de las Américas 2012 pueden consultarse en el sitio web de LAPOP (http://www.vanderbilt.edu/lapop/)
[3] Según resultados de análisis multivariados no mostrados aquí, disponibles a los interesados contactando a la autora.
[4] Cuando estas categorías se recodifican en la escala de 0 a 100,  y se calcula el promedio para Uruguay, se obtiene el promedio de 67,1 mostrado en el  Gráfico 1.  Se trata, entonces, de la misma información analizada de dos modos diferentes. El Gráfico 1 permite la comparación regional, mientras que el Gráfico 2 ayuda a visualizar la distribución de preferencias en Uruguay.

Servicios de cuidado y equidad de género ¿vale la pena invertir?


La necesidad de brindar soluciones a la creciente problemática de cómo conciliar la vida familiar y laboral es un tema en la agenda de la mayoría de los países de la región. En nuestro país, la necesidad de avanzar hacia un Sistema Integral de Cuidados fue incluido en el programa de gobierno y ha estado muy presente en la agenda de políticas sociales. En el último año, además, el tema cobró particular relevancia en un contexto de insuficiencia de mano de obra.

En este marco, la provisión universal de educación preescolar o de servicios de cuidado cuando se trata de niños más pequeños, aparece como una opción de política que, aunque difícil de alcanzar en el corto plazo, podría configurarse como el objetivo a alcanzar a mediano plazo. No obstante, hay quienes sostienen que la cobertura universal es muy costosa y las ganancias de corto y largo plazo sobre el desarrollo cognitivo de los niños en relación a otras formas alternativas (como el cuidado directo de familiares) es todavía incierta y/o que el efecto sobre la participación laboral de las madres es también muy reducido.

En la medida que muchos países vienen implementando políticas de este tipo desde hace décadas, en los últimos años se ha generado una creciente literatura económica que, aprovechando el carácter de “experimento natural” que ha tenido en muchos casos la forma de implementación de esta política[1], evalúan el efecto de ampliar de forma masiva los servicios de guardería o preescolar (gratuitos o muy subsidiados) tanto sobre la participación laboral de las madres como sobre los resultados educativos de los niños en el mediano y largo plazo[2].

Un primer elemento a destacar de estos estudios es que el efecto promedio de una expansión masiva de servicios de cuidado (gratuitos o muy subsidiados) sobre la participación laboral de las madres es en general modesto e inclusive, en algunos casos, prácticamente nulo. En efecto, si bien la mayoría de los estudios encuentran que los hogares responden ante una oferta de servicios de cuidados haciendo uso del servicio o matriculando a sus hijos en preescolar cuando estos se ofrecen de forma masiva, ello no implica necesariamente que en el conjunto de esos hogares las madres ingresen efectivamente al mercado de trabajo. Por ejemplo, en el estudio realizado para España en el que se evaluó el efecto de universalizar la educación preescolar a niños de 3 años en horario completo (de 9 a 17 hs), se estimó que, en promedio, menos de 3 madres por cada 10 nuevos niños matriculados habría comenzado a trabajar por efecto de la política. En una realidad más cercana, un estudio para Argentina encontró resultados similares (menos de 2 madres cada 10 niños matriculados) aunque en ese caso, como en Uruguay, la educación preescolar se ofrece durante media jornada y mayoritariamente a partir de los 4 años. Estudios similares para Estados Unidos, Francia y Noruega, encuentran un efecto aún más modesto o de una magnitud similar pero sólo sobre madres solteras.

Una primera explicación de estos resultados tiene que ver con que en muchos casos un porcentaje elevado de mujeres con niños pequeños a cargo ya se encontraba trabajando antes de la política y por tanto la oferta de plazas públicas vino a sustituir otras opciones de cuidado (ya sea de guardarías privadas, de familiares o de cuidadoras a domicilio). Esta es claramente la explicación para el caso de Noruega o Francia por ejemplo, pero no para el caso de España donde antes de la implementación de la política sólo un tercio de las mujeres con niños de 3 años a cargo se encontraba trabajando. Otra posible explicación podría ser que, al abaratarse el costo de cuidado de los niños, las mujeres decidieran tener más hijos y por tanto salieran del mercado de trabajo o demoraran su reinserción laboral. Si bien el efecto sobre la fecundidad media es más difícil de medir, tampoco se encontró efecto sobre la decisión de tener hijos para el caso de España[3].

¿Qué explicaría entonces la baja respuesta de las mujeres ante el levantamiento de tan importante restricción para insertarse en el mercado de trabajo? Entre las posibles hipótesis se encuentran fundamentalmente dos: 1) la persistencia de un enfoque de familia tradicional, que aún cree que el hombre es quien debe salir a ganar el pan, 2) la falta de ofertas laborales flexibles que se adecuen a las necesidades de hogares con niños pequeños. Para el caso de España, al menos, existe evidencia a favor de ambas hipótesis.

En lo que respecta a los efectos sobre los desarrollados cognitivos de los niños, los resultados son menos controversiales, al menos en edades de 2 a 5 años: en general se encuentran efectos positivos en el mediano y largo plazo, ya sea que la oferta de plazas venga a sustituir cuidado informal no parental (como en el caso de Noruega) o cuidado maternal (como en el caso de España) o una combinación de ambos (como en el caso de Argentina).

Tal y como se podría esperar, los efectos positivos encontrados tanto sobre la participación laboral femenina como sobre los resultados de los niños provienen de los hogares más desfavorecidos. En efecto, en términos de participación laboral femenina, aún de manera limitada, quienes responden a esta política son principalmente mujeres con niveles educativos medios y bajos, indicando que efectivamente la falta de servicios de cuidado opera en cierta medida como una restricción para la inserción laboral de este grupo de la población femenina. Asimismo, los efectos positivos en promedio sobre los resultados educativos de los niños son explicados principalmente por aquellos que provienen de contextos más desfavorables.

Tres aspectos me interesan destacar a partir de la evidencia presentada. En primer lugar, proveer servicios de cuidado podría no ser suficiente para que las mujeres con niños pequeños a cargo accedan efectivamente al mercado de trabajo. Este aspecto es discutido en el Panorama Social para América Latina publicado por CEPAL en 2011: el decidir dedicarse a cuidar a los hijos, padres o familiares enfermos podría ser para muchas mujeres una consecuencia de la falta de oportunidades laborales adecuadas, sin que sea la presencia de dependientes a cargo lo que determina su no participación en el mercado laboral. Para el diseño de las políticas, este punto es clave. Si efectivamente fueran las actividades de cuidado una restricción de acceso de las mujeres al mercado laboral, las políticas deberían centrarse en la provisión de cuidado formal. Si en cambio es la falta de oportunidades laborales las que determinan que ciertos grupos poblaciones renuncien a participar en el mercado de trabajo, el énfasis debería estar en las características de esos grupos poblaciones y sus posibilidades de inserción laboral, y no tanto en la provisión de servicios de cuidado, ya que aún teniendo opciones disponibles, estos individuos no podrían modificar su situación laboral.

En segundo lugar y no menos importante, aún en un contexto de acceso a servicios de cuidado y/o de oportunidades laborales adecuadas, podrían quedar muchas barreras culturales por superar en cuanto al rol de la mujer en la sociedad para lograr una inserción efectiva de estas mujeres en el mundo laboral.

En tercer lugar, y a pesar de lo señalado anteriormente, aún podría ser rentable invertir en la provisión de servicios de cuidado en la medida que existe evidencia a favor de un efecto positivo sobre el desarrollo de los niños en el largo plazo. Si bien es cierto que quienes responden son en definitiva los hogares de bajos ingresos, el involucramiento directo del Estado serviría para garantizar el acceso a servicios de igual calidad para todos. Si bien la provisión por parte del sector privado muy bien regulada es una alternativa, hay que tener en cuenta que el control efectivo de la regulación también tiene un costo y que, desafortunadamente, los gobiernos muchas veces fallan en hacerla cumplir, como es evidente en esta noticia de hace algunos años: Las guarderías en Uruguay: solo el 20% cumple con la legislación.


*Agradezco los valiosos comentarios de Ivone Perazzo con quien estamos comenzando a desarrollar un proyecto de investigación sobre esta temática en Uruguay.


[1] Por ejemplo, cuando la política es implementada a diferente ritmo en distintas regiones de un país por motivos no relacionados con el resultado que se quiere medir, ello permite contar con un grupo de tratamiento y de control adecuado para evaluar de manera robusta el efecto de la política.
[2] Por estudios basados en experimentos naturales que analizan el efecto sobre la participación de las madres véanse por ejemplo: Schloser (2006) para Israel, Berlinski y Galiani (2007 y 2009) para Argentina; Nollenberger y Rodriguez-Planas (2011) para España, Cascio (2009) para Estados Unidos y Goux y Maurin, (2010) para Francia; y Havnes y Mogstad, 2011) para Noruega. Por estudios que analizan el efecto sobre la participación de los niños, véase por ejemplo: Fitzpatrick (2008), Gormley y Gayer (2005) para Estados Unidos; Datta Gupta y Simonsen (2010), Havnes y Mogstad (2011) para países nórdicos, Berlinski, Galiani and Gertler (2009) para Argentina, Dustmann, Raute y Schönberg (2012) para Alemania y Felfe, Nollenberger y Rodriguez-Planas (2012) para España.
[3] Los otros estudios, no exploran cómo pudo haber afectado esta política a la decisión de tener más hijos, excepto el realizado para Israel en el que tampoco se encuentran efectos sobre la fecundidad.

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