Desarrollo sustentable y movilidad urbana: una deuda pendiente

Ayer se realizó en Montevideo el 2do Foro Nacional de Ciudades Sustentables “Hacia Montevideo 2020”, incluyéndose dentro de los temas de debate “¿Con qué medio de transporte llegaremos al trabajo en el futuro?”.

Es bien conocido que en términos de movilidad urbana sustentable, las ciudades más avanzadas del mundo han desarrollado políticas con dos claros objetivos: (1) promover el uso del transporte público frente al privado, (2) promover el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente, como la bicicleta o nuestros zapatos. Las políticas que se han desarrollado para alcanzar el primero de los objetivos van en general en la línea de mejorar la calidad y eficiencia del sistema de transporte público y castigar el uso del vehículo motorizado privado para movilizarse dentro de la cuidad por la vía de incremento de costos (estacionamiento, impuestos al combustible, peajes) o directamente limitando su uso en determinadas zonas.

Por su parte, las políticas que se han desarrollado para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo han ido desde la delimitación de ciclovías, la implementación de sistemas de estacionamiento seguro (como por ejemplo los bicibox) y/o el desarrollo de sistemas de préstamo de bicicletas, también conocido como sistema de bicicletas públicas. 

Si bien en la capital del país se han realizado avances notorios (aunque todavía insuficientes) en mejorar el transporte público colectivo, muy poco se ha hecho en relación a la promoción de la bicicleta como medio de transporte alternativo, tema sobre el que les propongo reflexionar en esta nota.

Me centraré en el caso de Montevideo. Las razones son dos. La primera es trivial: por ser la cuidad con mayor densidad de población en nuestro país es allí donde el tema se vuelve más importante. Esto no significa que no sea necesario tomar acciones en este sentido en el resto de las poblaciones urbanas del país. De hecho, y aquí la segunda razón, la Intendencia de Montevideo (IM) es aparentemente la única que al menos ha incorporado en su Plan de Movilidad la voluntad de promover el uso de medios transporte activos como la bicicleta.

En efecto, en la página 18 del Plan de Movilidad de la IM se señala explícitamente el objetivo de promover la bicicleta como medio de transporte alternativo. Sin embargo, las acciones concretas que se plantean para 10 años son poco ambiciosas y la mayoría ni siquiera se han concretado. Por ejemplo, en materia de construcción de ciclovías, el plan prevé únicamente ampliar los tramos actuales (que suman menos de 9km) incorporando la Avenida General Flores, pero ni siquiera este modesto objetivo se ha llevado a cabo todavía. Los mayores avances se han observado más bien en la implementación de ciclovías recreativas, destinando algunas vías de la ciudad para uso exclusivo de bicicletas y peatones en horarios y días concretos (en general el segundo domingo de cada mes).

La falta de acciones concretas en un marco de crecimiento del ingreso de los hogares se ha visto reflejado en resultados poco deseables desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Según los datos de la encuesta Origen-Destino realizada en 2009, el porcentaje de desplazamientos realizados en vehículos individuales motorizados se ha incrementado en los últimos años, mientras que, el porcentaje de desplazamientos en medios amigables con el medio ambiente (bicicleta, a pie) se ha reducido tanto en términos relativos como en términos absolutos.
             Fuente:http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/articulo/municipiospmu_2011_03.pdf

No es muy difícil imaginar por qué la gente no opta por el uso de la bicicleta en una ciudad como Montevideo, tan amigable en términos de tamaño y geografía. De acuerdo a una encuesta realizada en 2009 por el Centro de Investigación de la Bicicleta en Uruguay (URUBIKE)*, entre las principales razones para no utilizar la bicicleta como medio de transporte se mencionan la falta de hábito o tiempo y la inseguridad.



En este marco, todo parece indicar que políticas que incrementen la seguridad en la circulación y en el aparcamiento y promuevan y eduquen el uso adecuado de la bicicleta como medio de transporte (y no solo con fines recreativos) podrían tener resultados positivos en términos de incrementar el peso relativo de este medio de transporte frente al uso de vehículos motorizados en la ciudad.

Huelga hondar en los beneficios individuales y colectivos que tendría un mayor uso de la bicicleta para los traslados diarios en la ciudad. No tan evidentes son otros argumentos, como el garantizar el uso democrático de los espacios públicos (entre ellos las calles) bien ilustrado en este artículo de opinión.

Para los que gozan de compararse con el resto de los países latinoamericanos, comparación en las que Uruguay suele salir siempre bien posicionado, tengo malas noticias para darles. Mientras Uruguay dormía, Argentina (Mejor en bici en Buenos Aires), México (Ecobici en el DF) , Chile (Providencia), Colombia (Bogotá en Bici) han realizado notorios avances en los últimos años en infraestructura urbana para promover el uso de bicicletas como medio de transporte alternativo.

Mucho se cuestiona si la izquierda uruguaya ha logrado incorporar verdaderamente la visión moderna de desarrollo sustentable en su proyecto de país, o es solo un adjetivo incorporado al discurso porque está de moda. En términos de movilidad urbana, por lo menos, no parece que esa visión moderna se haya incorporado con suficiente determinación.

Foto: Matrícula refractaria de Urubike, cortesía de Eliana Melognio (miembro de Urubike) a quien agradezco además el intercambio de ideas e información para el armado de esta nota.

*Informe Montevideo. Urubike-SustranLac, Diciembre 2010.

Sobre feudalismo, servicio doméstico y mirar hacia el costado….o hacia arriba



Desde hace un par de semanas la noticia denunciando explotación de empleadas domésticas de nacionalidad boliviana en una casa de Carrasco se volvió virulenta en las redes sociales. En esta nota quiero analizar los significados del repudio generalizado a esa situación porque creo hablan  de una baja pero creciente tolerancia a la desigualdad, crecimiento que muchos no queremos ver ni asumir. También habla de una cierta hipocresía entre las clases medias que tendemos a ver más la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio.
La denuncia legal fue realizada por la organización Cotidiano Mujer al Ministerio de Trabajo en el marco de la labor que viene realizando con mujeres migrantes que llegan al país de forma irregular y cuyos derechos son vulnerados en sus lugares de trabajo. La noticia me indignó como a muchos pero no me sorprendió. Hace poco, realizando trabajo de campo, nos encontramos con una situación muy parecida de otra empleada boliviana, quien además de mostrar una situación de vulnerabilidad y explotación en su lugar de trabajo como doméstica, nos relataba experiencias de racismo y discriminación en la ciudad[1]. Eso nos  hizo pensar en el impacto que la regulación laboral que ha logrado el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas desde 2006 podría estar teniendo en la demanda por empleadas que ofrezcan mano de obra más barata y más sumisa, y cuya condición de vulnerabilidad como migrantes irregulares les dé pocas posibilidades de salida. También en redes de trata de personas. Y en cómo racismo y clasismo están presentes en nuestra sociedad “hiperintegrada”.
Pero hoy quiero enfocarme principalmente en la repercusión de la noticia. El repudio generalizado nos habla de una sociedad con baja tolerancia a la desigualdad donde situaciones de explotación o de fuertes asimetrías sociales no son aceptables. (La acción inmediata del Estado inspeccionando la casa e iniciando una investigación también es indicador de ello.) Esto nos diferencia, concretamente, de sociedades donde el trato desigual y explotador del servicio doméstico está naturalizado. Nadie protestaría por esto en muchos países de la región.  
Pero la noticia, su viral contagio en las redes sociales y, principalmente, los comentarios que la acompañaron, nos hablan también de unas clases medias y medio altas, en gran parte de izquierda o progresistas, que, a pesar de ser cada vez más tolerantes a la desigualdad en sus prácticas, ven en el “Carrasco Feudal” un enemigo fácil.  Muchos de los comentarios que circularon denotaban un clasismo hacia arriba que nos deja ir a dormir en paz con nuestra conciencia pero que evita pensar en que la fragmentación social crece y nuestra aceptación de ella también.
La tolerancia a la desigualdad se extiende cada vez más entre las clases medias. Esto podemos verlo por ejemplo, siguiendo con el empleo doméstico, a partir de las historias de empleadas domésticas que trabajando en hogares de clase media y medio-alta también tienen problemas para hacer ejercer sus derechos laborales. Historias del tipo “trabajé 23 años con mis patrones; me decían que era parte de la familia, y me echaron porque un día reclamé el pago de un aguinaldo” o “la tengo inscrita en BPS pero por menos de lo que le pago”,  no son sólo propias de la clase alta.
A esto podemos sumarle la deserción que las clases medias han hecho de espacios públicos, barrios heterogéneos y educación pública. Ni que hablar del miedo al otro y la sensación de inseguridad frente al otro más pobre. Frases como “Yo fui a la escuela pública y creo que la escuela pública es muy importante pero como quiero darle una buena educación a mis hijos y la escuela pública está tan mal, los mando a una privada”, fueron comunes en mis recientes entrevistas con profesionales universitarios empleados y microempresarios. Esta “salida” de lo público se opone a lo que Hirshman llamaba “voz” refiriéndose a la opción de las clases medias por protestar y reclamar mejor bienes públicos, y “lealtad”, es decir la opción por quedarse en lo público. En ese sentido, parece que ya tiramos la toalla.
Finalmente, la mayor tolerancia a la desigualdad también se expresa a mi juicio en la creciente insatisfacción con los programas de asistencia a los más pobres, impresión que me traje de las entrevistas y que parece corroborada por el último estudio del Barómetro de las Américas donde Uruguay se destaca como uno de los países de la región donde con más vehemencia se cree que quienes reciben asistencia del gobierno son perezosos.  Y quienes piensan esto no son precisamente las clases altas. Tienden a ser las medias y las más bajas.
¿Cuál es el compromiso de las clases medias con la equidad, los servicios de cobertura universal, los impuestos para apuntalar medidas redistributivas? [2] ¿Y cuáles son las condiciones de trabajo de sus empleadas domésticas? Creo que debemos aprovechar la indignante noticia para pensar en la sociedad que queremos, porque la de “cercanías” ya está lejos.


Video: Micky Vainilla, personaje de Diego Capusotto, comediante argentino,  que ironiza acerca de la relación de las clases altas con los más pobres, criticando actitudes racistas y clasistas.



[1] Entrevista realizada por Denise Courtoisie en el marco del proyecto que coordino sobre tolerancia a la desigualdad en dos ciudades de América Latina.
[2] Todas estas dimensiones son señaladas como importantes por Ruben Kaztman, quien más ha reflexionado sobre este tema de la tolerancia a la desigualdad.  Ver Kaztman, Ruben. 2007. La calidad de las relaciones sociales en las grandes ciudades de América Latina: viejos y nuevos determinantes. Pensamiento Latinoamericano, 1.

Entre fomentar el crecimiento poblacional y disminuir la brecha de género


En esta semana se dieron a conocer los datos definitivos del Censo 2011: residiendo en el territorio nacional somos 3.286.314 personas. Los nuevos resultados reflejan que la población uruguaya crece con un promedio anual de un 0,19 %, ritmo menor al registrado entre 1963 y 1975 (0,62%), pero mayor que las proyecciones debido “exclusivamente” (indica el documento) a que los uruguayos emigraron menos durante los últimos tres años[i].  Sin duda que el problema está en la distribución etaria de nuestra población. La población mayor de 65 años pasó de ser el 7,6 % en el censo de 1963 al 14,1 % en el Censo 2011, mientras que la población menor de 15 años, disminuyó de 28,2% de la población en 1963, al 21,8% en 2011.
Estas cifras volvieron a poner en discusión las políticas para favorecer el crecimiento poblacional. Por un lado, el presidente Mujica ha hecho hincapié en las políticas para el retorno de emigrantes uruguayos, por otro se ha hablado de fomentar la natalidad. Sin embargo, aún no se ha escuchado una discusión seria al respecto, ni por parte del gobierno, ni por parte de la sociedad civil.
Hace unos días, con motivo de la semana de la Lactancia Materna, el ministro Jorge Venegas explicaba la intención del gobierno de poder implementar en el sector privado el medio horario para las madres durante los primeros seis meses de vida del bebé (ley que está vigente para las trabajadoras del sector público), y advertía que, si bien sería un beneficio para la madre y su bebé, esto podía aumentar la discriminación de género a la hora de contratar mujeres en edad reproductiva.  
La discriminación de género, entendida como desigualdad ante situaciones idénticas entre el hombre y la mujer, se suele representar a través de la expresión brecha de género (gender gap). El estudio global del Foro Económico Mundial conocido como Global Gender Gap Index (GGGI)  incluye a Uruguay entre los países estudiados. Este índice busca capturar las disparidades basadas en el género a través de la medición de cuatro aspectos: “participación económica y oportunidades”, es decir, la brecha en la tasa de participación en la fuerza laboral, “educación” que se calcula a través de comparaciones entre cantidad de hombres y mujeres en todos los niveles educativos,  “salud y supervivencia”, y “empoderamiento político” que mide la relación  entre mujeres y hombres en puestos de toma de decisiones –legisladores, ministros, primeros ministros o presidentes-. En todas las variables el óptimo de igualdad es 1, es decir, cuanto más próximo al 1 más igualitario se considera a un país[i].


De los 135 países que son evaluados por el GGGI, Uruguay se encuentra rankeado en el lugar 58, con un coeficiente de 0,6907. El país más igualitario en América Latina según este índice es Costa Rica, ubicado en el lugar 25 (0,7266), seguido por Nicaragua en el 27, Argentina en el 28, Panamá en el 40, Ecuador en el 45, Chile en el 46, Honduras en el 54 y Uruguay en el puesto 58 es el octavo país más igualitario en términos de género en América Latina.


Fuente: The Global Gender Gap Report 2011

En Uruguay, la brecha de género está casi en niveles de igualdad en términos de salud y educación, ha mejorado en términos económicos y donde se encuentra realmente lejos de 1 es en aspectos políticos. En las variables que componen el índice, Uruguay está dentro de los países considerados en el óptimo en términos de Salud y Supervivencia (0,9796) y  ocupa el lugar 35 en materia educativa (0,9982). Sin embargo, cae dramáticamente al puesto 60 en Oportunidades Económicas y Participación (0,6621), y aún más en empoderamiento político: ocupa el lugar 70 con un índice de 0,1278. Lo que estos datos muestran es que la brecha educacional es casi nula y en algunos casos favorece a las mujeres[i], y tampoco hay diferencias relevantes en el área de la salud. Por el contrario, la brecha de género aumenta en el mercado laboral y en relación a los ingresos recibidos. Según el informe Estadísticas de Género 2011: “La retribución por trabajo continúa siendo una de las dimensiones en las que las desigualdades sociales de género se hacen más fuertes”[ii]. Si 100 es el salario percibido por varones por hora de trabajo en ocupación principal, las mujeres en 2011 perciben 90,4.

En conclusión, el problema que enfrenta Uruguay no es el de igualar las oportunidades para la educación, sino igualar las condiciones del trabajo. Las mujeres alcanzan niveles educativos similares o incluso superiores que los hombres, pero, a pesar de eso, participan menos en el mercado laboral y, a iguales niveles de calificación y tarea, ganan sistemáticamente menos. Las políticas que ayuden a disminuir esa brecha de género deberían, al menos, no ser otro estímulo a la baja de natalidad. Y digo “al menos” porque muchas veces sucede que ambos objetivos compiten: mujeres que logran trabajar en iguales condiciones que los hombres pero renunciando a la maternidad, o mujeres que deciden tener hijos y por eso renuncian a trabajar fuera de su casa, o disminuyen su horario o ven mermadas las posibilidades de una carrera profesional. Claramente lo ideal sería que ambos objetivos pudieran ser alcanzados de forma conjunta: lograr políticas que igualen las oportunidades y retribuciones del trabajo de hombres y mujeres, y a la vez fomenten la natalidad. Seguramente estas políticas deberían incluir, entre otras propuestas, sistemas de cuidado de niños pequeños de acceso universal y políticas que favorezcan un mayor involucramiento de los padres en la crianza de sus hijos. Por el momento, el debate público no parece prestarle mucha atención a estos temas. Ojalá los datos del censo sean un disparador de ésta discusión que el país se debe.



[i] http://www.ine.gub.uy/censos2011/index.html
[i] Hausmann, Ricardo, Laura Tyson y Saadia Sahidi. 2011 “The Global Gender Gap Report 2011”. World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2011.pdf 
[i] Un mayor desarrollo  de este tema se encuentra en Suzanne Duryea , Sebastian Galiani, Hugo Ñopo, y Claudia Piras, 2007. "The Educational Gender Gap in Latin America and the Caribbean", RES Working Papers 4510, Inter-American Development Bank, Research Department.
[ii] Ver: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/15091/1/estadisticas_de_genero_2011.pdf



Acupuntura urbana: ¿contra la inseguridad y la fragmentación?


The question of what kind of city we want cannot be divorced from that of what kind of social ties, relationship to nature, lifestyles, technologies and aesthetic values we desire. (…) The freedom to make and remake our cities and ourselves is, I want to argue, one of the most precious yet most neglected of our human rights.
David Harvey (The Right to the City)



De las medidas que el gobierno uruguayo anunció el 20 de junio, como parte de su Estrategia por la Vida y la Convivencia, es decir para reducir la inseguridad ciudadana, la de la legalización de la marihuana fue sin lugar a dudas la más farandulera, recibiendo gran atención nacional e internacionalmente. Una de las que pasó más inadvertida en aquel momento ha tomado merecida relevancia en el último mes en algunos medios de prensa[i] y quiero dedicar hoy esta nota a reflexionar sobre ella, celebrarla y plantear algunas inquietudes acerca de sus alcances. Su importancia aumenta, además, porque a diferencia de la de la marihuana, esta medida ya se está implementando. Me refiero a la inversión en infraestructura urbana de alta calidad en algunos puntos empobrecidos de la ciudad bajo la forma de “plazas de convivencia”. 
Bajo el lema “más barrio y más vida” la propuesta es apostarle al espacio público de modo de generar dinámicas de convivencia sin temor, sin inseguridad, en la periferia empobrecida de la ciudad.  Así, el gobierno ya está trabajando en una plaza  en el Cerro y proyectando otra en el barrio Ituzaingó (donde está el Hipódromo de Maroñas). En ambos casos, los emprendimientos combinan infraestructura para recreación y deportes, estética y funcionalidad. A pesar de que cada uno tendrá sus particularidades, el modelo es algo similar al implementado en el Parque Liber Seregni, en el centro de la ciudad, cuya singularidad atrae a vecinos y visitantes a una manzana de la ciudad que por mucho tiempo permaneció abandonada, deprimida e insegura.
Ningún interesado en la ciudad puede estar en desacuerdo con medidas de este tipo. Por lo general solemos ser fans del espacio público y más cuando, como en este caso, lo que se propone es pagar deudas sociales y urbanas con zonas que han sido muy abatidas en los últimos años. Celebro entonces esta iniciativa. Quiero problematizar sin embargo los alcances de la misma y para ello me voy a centrar en dos de los alcances que desde el gobierno se han manejado para justificar la propuesta: seguridad e integración.
Que los espacios públicos barriales habitados sirven para el control social y la seguridad es una idea vieja en urbanismo, planteada por Jane Jacobs[ii] y muchos otros. Si los habitantes de esas zonas se apropian de estas plazas barriales, seguramente, además de generar sentimientos de pertenencia y de dignidad, se generarán también sinergias que mejoren la seguridad. Sin embargo, aun ni en la ciudad que inspira estas obras, Medellín y su “urbanismo social”, donde se han gastado millones en infraestructura urbana de altísima calidad y sentido estético en barrios populares, es claro su impacto sobre el delito. A pesar de que los homicidios bajaron en la ciudad más letal de la Colombia de los años 90s, muchos sostienen que ello se debe no al urbanismo social sino a dinámicas internas del narcotráfico (el fin de los grandes carteles).   
En relación con la fragmentación, uno de los asesores del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, decía en una entrevista que las plazas de convivencia pretenden generar más integración social a partir del encuentro con un diferente[iii]. En una ciudad crecientemente segregada como la montevideana, donde los barrios pobres son cada vez más homogéneamente pobres y los habitantes de clases medias y altas temen cada vez más salir de las zonas de la ciudad que sienten seguras, éste es un objetivo difícil de lograr. Sólo con intervenciones de la magnitud de la icónica Biblioteca España en Medellín, se puede generar la curiosidad de habitantes de otras zonas y turistas (ver foto). 
Más allá de estas dificultades, sin embargo, está claro que sin esos espacios públicos, el logro de una ciudad integrada será más difícil. Si bien no aseguran mayor seguridad y menor fragmentación, estas iniciativas al menos lo hacen posible. Invertir en otros espacios públicos tradicionalmente más pluriclasistas como el centro de la ciudad, la Rambla o parques como el Rodó también.
Finalmente, en la receta deben estar la sostenibilidad y la integralidad de estos proyectos. El caso de Bogotá, cuyo exalcalde Mockus es uno de los asesores de la propuesta de las plazas de convivencia, es un caso no siempre positivo en cuanto a la sostenibilidad de algunas de sus intervenciones. Hoy en día Bogotá está en crisis de movilidad y poco queda de la “cultura ciudadana” que este alcalde quiso implantar[iv]. El caso de Medellín, por su parte, de donde también recibimos asesores, muestra no sólo éxitos.  La persistente situación de pobreza, desplazamiento interno y homicidios en la Comuna 13 de esa ciudad deja ver, por ejemplo, que no alcanza con una obra majestuosa de infraestructura como un teleférico (Metrocable).[v] Obras urbanas y sociales integrales que acompañen esa acupuntura urbana son clave para el éxito de los proyectos. Aparentemente, según la propuesta del gobierno uruguayo, esta integralidad será parte fundamental de las intervenciones y se apoyará en coordinaciones interministeriales. Ojalá veamos en un tiempo artículos en el New York Times sobre el caso exitoso de Montevideo, la ciudad que se reinventó y reintegró, como vemos hoy acerca de Medellín.[vi]


Foto: Medellín,  Línea K del Metrocable  con la Biblioteca España detrás. Foto tomada por Julio D. Dávila. Aparece en: Brand, Peter y Julio D. Dávila. 2011. “Mobility innovation at the urban margins. Medellín's Metrocables.” Cities, 15 (6).  


 

La ignorancia no es bendición

Hace un año y medio escribí en este blog una nota sobre la educación en Uruguay haciendo énfasis en el problema gravísimo que tenemos respecto la capacidad del sistema educativo de lograr los objetivos para los que esta diseñado: brindar a todos los uruguayos la oportunidad de una educación de excelente calidad y con el mayor grado de equidad posible (Educación, equidad y la búsqueda del desarrollo). La discusión a nivel de gobierno, sistema político y actores sociales relevantes (mayormente los gremios de la educación) parece no haber avanzado en términos sustantivos luego de todo este tiempo. Incluso, luego de un breve acuerdo educativo que no llegó a mayores y una desmedida discusión respecto de un programa –en mi opinión– sin mayores pretensiones reales de cambio estructural en el sistema educativo (ProMejora), hemos vuelto a foja cero.

Estamos parados en medio de la sociedad de la información y del conocimiento. Es decir, una sociedad donde las tecnológicas de la información son  cada vez más importantes y donde el analfabetismo tecnológico será un problema tal vez mayor que el analfabetismo funcional tradicional. En este contexto, nuestros problemas educativos son grandes. Dos canarios en una mina: el primero, nuestros niveles de matriculación neta en Secundaria, según datos del Banco Mundial (Figura 1), son similares a los de México, y la distancia que nos aleja de Republica Dominicana es similar de la que aleja a Brasil de nosotros. Nótese el universo de países que cobran relevancia para comparar nuestro desempeño. La lógica comparada nos ayuda a pensar detenidamente en las implicaciones concretas de nuestra situación actual. México, país inmenso, muy diverso, con una inequidad social mucho más alta que la nuestra, problema profundo de infiltración del narcotráfico en las estructuras sociales, políticas y económicas, con un porcentaje no menor de población indígena que vive en zonas selváticas de difícil acceso; y Uruguay, país pequeño, suavemente ondulado y de escasa población. 




Segundo canario en la mina: los resultados de PISA de Uruguay, para 2009 (Figura 2), se han mantenido constantes respecto de los de 2003, mientras que México (o Brasil para el caso), han logrado mejoras sustantivas y, en el caso de México, los resultados son hoy comparables a los nuestros. La comparación con México es buena, porque hay que recordar que como la prueba PISA mide a los estudiantes matriculados, nos permite ver nuestro desempeño en relación a un país con similar nivel de matriculación. Cuando nos comparamos con países que tienen al 100% de nos jóvenes en edad liceal en el sistema, tenemos que considerar que si nuestra prueba PISA también midiera a quienes no están matriculados, entonces es razonable pensar que nuestros resultados empeorarían considerablemente.

 El caso uruguayo ilustra una regularidad empírica largamente constatada en las ciencias sociales: modificar instituciones es usualmente más difícil que crearlas. Esto es así, mayormente, debido a los intereses de los actores involucrados y la imagen social de dichas instituciones. Brasil ha expandido el sistema de educación primaria durante los últimos 20 años para paliar el déficit histórico en su tasa de completitud de primaria (y secundaria), mayormente construyendo escuelas donde no las había. El problema de Uruguay a nivel de educación secundaria es de una naturaleza diferente: las instituciones existen pero no logran adaptarse a la nueva estructura de riesgo, no logran retener estudiantes.

No voy a reiterar lo que diversas notas en nuestro blog (ver sección de Temas) han subrayado una y otra vez sobre la relevancia del problema educativo para el desarrollo social y económico, así como para la formación de ciudadanos. Sin embargo, parece evidente que no es posible salir de este problema sin lograr un pacto político y social amplio detrás de un proyecto solido. En esta ecuación tenemos dos elementos necesarios pero no suficientes por si mismos: avanzar en un pacto político y social, dejando de usar el problema educativo para generar réditos políticos de corto plazo; y un proyecto solido de transformación del sistema. Ninguno de los dos parece asomar en el horizonte, y de seguir de este modo, parece poco probable lograr convertir este periodo de crecimiento en un proceso de desarrollo sostenido.  

Jared Diamond: te odio y te amo

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